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La CGE denuncia la “inmunidad” de las administraciones públicas ante la Ley de Morosidad: 52 ayuntamientos incumplen todavía el periodo medio de pago a proveedores

16-04-2019. 139,6 millones de euros. Esta es la deuda comercial que mantienen las corporaciones locales de la provincia (ayuntamientos, mancomunidades y Diputación) con los autónomos, pymes y empresas de la provincia. 139,6 millones de euros que ponen en riesgo la supervivencia de miles de empresas granadinas, que soportan además retrasos “insostenibles” en el abono de facturas: todavía hoy, 52 ayuntamientos de la provincia pagan sus facturas fuera del periodo medio de pago legal, fijado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 30 días. Ante esta situación, que pone en evidencia la “inmunidad” ante la ley de las administraciones públicas, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha pedido a los ayuntamientos que asuman responsabilidades, tomen medidas urgentes y hagan del pago a proveedores una de sus prioridades.

La Junta Directiva de la CGE ha analizado los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, referentes a diciembre de 2018, así como las “alarmantes” informaciones publicadas en la prensa local sobre la situación particular del Ayuntamiento de Granada. “Las empresas seguimos pagando la pésima gestión económica de algunas corporaciones locales; seguimos financiándolas, poniendo en riesgo nuestra propia viabilidad económica”, ha denunciado el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, señalando que, mientras tanto, muchos de esos ayuntamientos están elevando la carga fiscal que soportan las empresas.

“En este caso, incumplir la legalidad no tiene ninguna consecuencia para las corporaciones locales. Hay ayuntamientos que rebasan de forma sistemática y reiterada el periodo medio de pago, sin que nadie, ni el propio ayuntamiento ni las administraciones que lo controlan, tomen medidas efectivas para evitarlo”, ha señalado Gerardo Cuerva, que ha pedido tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía y a las corporaciones locales que asuman de una vez por todas que dejar de pagar a un proveedor supone dejar en la estacada a la empresa, a sus trabajadores y a las familias que dependen de ellos.

En la actualidad, hay 28 corporaciones locales que tardan más de 90 días, unos tres meses, en abonar las facturas de sus proveedores; mientras que otros 24 ayuntamientos pagan entre 30 y 90 días. Aunque no todo son malas noticias: “Según los datos del Ministerio de Hacienda, hay 120 ayuntamientos que al cierre de 2018 sí pagaban en plazo, mientras que en 2017 apenas había 66 corporaciones que cumplían con lo que dicta la ley”.

Ayuntamiento de Granada

La Junta Directiva ha destacado la complicada situación que atraviesan las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Granada. Al cierre de 2018, la capital debía a sus proveedores más de 80 millones de euros, y tardaba en abonar sus facturas una media de 185,53 días, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. “Estas cifras convierten al Ayuntamiento de Granada en la segunda gran corporación local de España con mayor deuda comercial”, ha indicado Gerardo Cuerva, que ha apuntado que solo Madrid supera a Granada en la lista de los municipios con mayor nivel de morosidad.

De hecho, el de Granada también destaca en la lista de los municipios de más de 75.000 habitantes que más tardan en pagar a empresas, pymes y autónomos. Los 185,53 días que tienen que esperar los proveedores de la capital para ver abonadas sus facturas solo son superados por los 616,71 de Jaén; los 434,84 de Telde; los 289,21 de Jerez de la Frontera; y los 188,46 de Algeciras.

“No es tolerable” que el Ayuntamiento de Granada tenga más de 4.600 facturas pendientes de pago a sus proveedores; ni que esa deuda acumulada genere unos intereses de demora de más de 3,7 millones de euros, según las informaciones publicadas sobre el Informe de Morosidad municipal. “Menos aun cuando el Ayuntamiento de Granada ha aprobado recientemente unas ordenanzas fiscales que castigan a las empresas mediante una desproporcionada subida del IBI del 42% para los edificios dedicados a actividades comerciales, industriales, de ocio y hostelería, oficinas y estacionamientos”, ha censurado el presidente de la CGE. “El Ayuntamiento ha subido el IBI a las empresas para recaudar lo que le cuestan los intereses de demora de las facturas que no paga a sus proveedores; es decir, que somos las empresas las que también asumimos el coste extra que le supone al Consistorio pagarnos mal y tarde”.

La CGE rechaza la «desproporcionada» subida del IBI a las empresas tractoras de la economía local propuesta por el Ayuntamiento de Granada

06/02/2019. La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha mostrado hoy su rechazo a la propuesta de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Granada que se llevará el viernes a pleno, ya que supondrá un aumento “desproporcionado” de la ya elevada presión fiscal que soportan las empresas tractoras de la economía de Granada capital.

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que recibió ayer el visto bueno de la comisión extraordinaria del Ayuntamiento con los votos favorables de PSOE, IU y Vamos Granada y la abstención de PP y Ciudadanos, incrementará los tipos más de un 42% en el caso de edificios dedicados a actividades comerciales, industriales, de ocio y hostelería, oficinas, estacionamientos y edificios singulares. Se trata de una “subida extraordinaria, discriminatoria y abusiva que únicamente responde a la necesidad de aumentar los ingresos a corto plazo con el objetivo de intentar aprobar los presupuestos”.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, ha reiterado la disconformidad de los empresarios con una iniciativa que, en la práctica, supone castigar a las empresas que tanto esfuerzo ha costado atraer y mantener en Granada. “Estamos absolutamente en contra de que se suba el IBI un 42% a los inmuebles donde se ubican los principales motores de riqueza y empleo de la ciudad en sectores estratégicos como la industria, el turismo y los servicios, algo que afectará a empresas vitales para nuestra economía como por ejemplo Puleva, Abbot, Cervezas Alhambra, Rovi, Northgate Arinso o los más importantes hoteles de la ciudad”, ha indicado Gerardo Cuerva, apuntando que la subida del IBI mermará la competitividad y el atractivo de la plaza Granada para la instalación de nuevas empresas.

“Si elevamos la presión fiscal estamos favoreciendo que las grandes compañías se decanten por otros territorios donde reciban un trato más justo”, ha explicado Gerardo Cuerva, recordando que el tejido empresarial granadino, compuesto mayoritariamente por microempresas, “también necesita de grandes compañías que tiren del carro, muevan la economía y generen inversión”. Para la CGE, esta subida del tipo diferenciado del IBI muestra la “política contradictoria” del Ayuntamiento de Granada, que por un lado quiere atraer a la ciudad a empresas tractoras y, por otro, eleva la carga fiscal que tendrán que soportar si se instalan en la ciudad”. Si finalmente mañana se aprueba el incremento del impuesto, Granada puede ver cómo las empresas internacionales que estamos intentando atraer eligen otras ubicaciones, incluidos los municipios del Área Metropolitana.

Los empresarios granadinos aseguran que la propuesta del Ayuntamiento de Granada “responde a un intento de cuadrar los presupuestos en vísperas de las próximas elecciones municipales”.  “Estamos en contra de que la falta de control de gasto de las administraciones la paguen las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas”, ha apuntado el presidente de la CGE, que ha criticado que “subir los impuestos que soportan las empresas sea siempre la solución”, en lugar de adoptar medidas como la contención del gasto o la optimización de recursos, que son mucho más beneficiosas para la ciudad. Sirva como ejemplo el plan de productividad que se ha aplicado en Urbanismo tras la petición de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), que ha permitido agilizar la tramitación de licencias e ingresar 2,1 millones de euros en concepto de ICIO en las arcas municipales.

“En lugar de poner en marcha acciones eficaces y necesarias como esta, el Ayuntamiento opta por subir los impuestos a las empresas, pese a que los empresarios ya pagamos la mala gestión de las administraciones con retrasos insostenibles en el abono de facturas, con trabas burocráticas que ralentizan nuestra actividad y con altas cargas fiscales”.

La CGE se opone al incremento de la presión fiscal planteado en el presupuesto del Ayuntamiento de Granada por ser una «barrera» para la actividad empresarial

La Confederación Granadina de Empresarios considera que la subida del IBI «castiga» a las empresas tractoras de la economía local y frena la instalación de nuevas compañías

19-12-2018. La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha mostrado hoy su oposición a la propuesta de presupuestos del Ayuntamiento de Granada, basada en unas ordenanzas que elevan la presión fiscal y que pueden suponer una “barrera” para la actividad empresarial y el crecimiento económico de la ciudad.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, ha lamentado que el Ayuntamiento de Granada vuelva a lanzar una propuesta centrada en la subida de las ya altas cargas impositivas que soportan los empresarios y los autónomos. “Lamentamos que el equipo de Gobierno municipal considere que subir los impuestos es la única vía para aumentar el presupuesto, en lugar de aplicar una política real de contención del gasto o de afrontar la optimización de los recursos del Consistorio”, ha asegurado Gerardo Cuerva.

La CGE ha reiterado su desacuerdo con la modificación del IBI, que subirá de forma general por la actualización de los valores catastrales y que, además, incrementará los tipos más de un 42% en el caso de los inmuebles dedicados a actividades comerciales, industriales, de ocio y hostelería, oficinas, estacionamientos y edificios singulares. Si prospera la propuesta del Ayuntamiento, estos inmuebles pasarán de abonar un tipo del 0,7% a pagar un 1%, “castigando” así la actividad de las grandes empresas, que actúan como “locomotoras de la economía” de Granada. “La ciudad de Granada necesita de pequeñas, medianas y grandes empresas para seguir creciendo”, ha apuntado Cuerva.

En ese sentido, el presidente de la CGE ha criticado la “contradicción” implícita en la propuesta de los presupuestos municipales. “No podemos pretender que grandes empresas se instalen en Granada cuando, a la vez, estamos aumentando las cargas fiscales que tienen que soportar”, ha subrayado Gerardo Cuerva, apuntando que la subida del IBI puede suponer que esas compañías internacionales que están pensando en Granada elijan otra ubicación menos perjudicial para sus cuentas, incluidos otros municipios del Área Metropolitana. “Las ordenanzas fiscales deben ser una herramienta municipal para atraer empresas e inversión, no pueden ser una barrera para la entrada de nuevas compañías y comercios”.

La CGE también ha denunciado que los empresarios siguen financiando la actividad del Ayuntamiento, que registra “insoportables” retrasos en el pago a proveedores. El periodo medio de pago del Consistorio supera ya los 189 días, lo que convierte al Granada en uno de los ayuntamientos de España que más tarda en pagar a sus proveedores. “Las empresas y autónomos no deben ser quienes financien a las administraciones”, ha apuntado Gerardo Cuerva.

En ese sentido y a modo de ejemplo, en el sector de la construcción destaca la modificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que implica nuevamente que los empresarios financien la actividad municipal. La propuesta de ordenanzas pretende adelantar el pago de este impuesto a la solicitud de la licencia, un anticipo que obligaría a los empresarios a inmovilizar importantes cantidades de dinero durante un plazo indeterminado  a favor del Ayuntamiento de Granada.

Por último y desde un punto de vista formal, la Confederación Granadina de Empresarios señala que trocear las ordenanzas es una práctica que dificulta su conocimiento por parte de empresas y autónomos, que ya afrontan una absoluta vorágine normativa por parte de todas las administraciones.

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