30-03-2020. La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha elaborado un informe que confirma el enorme impacto del COVID-19 en la economía de la provincia. A partir de la información recogida por las distintas asociaciones y federaciones empresariales que forman parte de la CGE, con las que se está manteniendo un contacto permanente y fluido desde que se declaró el estado de alarma, la Confederación ha constatado las dificultades que están teniendo los distintos sectores productivos como consecuencia de la crisis sanitaria y la limitación de movimiento de los ciudadanos.
Los técnicos de la CGE, que están resolviendo cientos de dudas y consultas sobre el coronavirus y las distintas medidas económicas aprobadas por las administraciones públicas, confirman en su informe que la incidencia del COVID-19 está siendo transversal. Evidentemente, los sectores más perjudicados son aquellos que se han visto afectados desde el principio por la declaración del estado de alarma, como hostelería y comercio de proximidad, pero el resto de actividades productivas no se está librando de los efectos negativos de esta crisis sin precedentes. Además, la ampliación del confinamiento aprobada el pasado domingo ha ‘cerrado’ otras actividades consideradas no esenciales, como la construcción y la industria, que afrontan un escenario de gran incertidumbre debido a las limitaciones impuestas por el Gobierno central en el terreno laboral.
La secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, María Vera, apunta que “las empresas granadinas han estado haciendo todo lo posible por mantener viva la llama de la economía y por preservar el empleo”, pero “la falta de demanda, la caída de la facturación y las dificultades para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores” han incidido de lleno en el día a día de la mayoría de las empresas durante las dos primeras semanas de confinamiento.
La extensión del parón económico aprobada el pasado domingo, junto a las últimas medidas laborales que prohíben el despido procedente y la suspensión de contratos temporales y dificultan el acceso a los ERTEs de cientos de compañías, dibujan un panorama poco halagüeño para la economía granadina. “Desde la CGE respetamos las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, puesto que lo primero en esta crisis es la salud y la seguridad de las personas. Pero también necesitamos que se articulen nuevas medidas económicas que salven la economía, que ha entrado en una parálisis absoluta de la que no saldremos sin estímulos y ayudas eficaces para la empresa, las pymes y los autónomos”, indica Vera.
Con la excepción de la industria agroalimentaria, que sigue trabajando casi a pleno rendimiento para surtir la despensa granadina, la mayoría de los sectores sondeados por la Confederación Granadina de Empresarios han visto condicionada su actividad desde el inicio de la crisis del COVID-19. El sector turístico, que se ha quedado a cero, es el que está afrontando la situación más grave: no solo ha parado por completo la actividad, sino que se han producido cancelaciones masivas en un periodo, el inicio de la temporada alta, del que depende más del 50% de la facturación del sector. El comercio también está atravesando una situación muy delicada que ha afectado a las empresas mayoristas: pese a que durante las dos primeras semanas de confinamiento sí pudieron seguir trabajando, vieron desplomarse la demanda y, por tanto, la actividad. Los comerciantes granadinos piden nuevas medidas para reactivar el sector, alertando de que, en caso contrario, serán muchos los comercios tradicionales que no podrán volver a abrir sus puertas una vez que pase esta crisis.
Construcción y metal también han tenido serios problemas para desarrollar su actividad como consecuencia de la falta de suministro de piezas y materiales y las dificultades para cumplir con las normas de seguridad y salud laboral en sus espacios de trabajo. En el caso de construcción, además, el endurecimiento del confinamiento ha obligado a paralizar las obras, pero alertan de que para el sector será muy difícil recuperar las horas perdidas y que, si se impide su acceso a los ERTEs de fuerza mayor, será difícil mantener el empleo una vez se recupere la normalidad.
Los centros de formación privada están atravesando un momento complicado: alrededor de 23.000 alumnos han tenido que paralizar la formación que estaban realizando, lo que ha provocado que las empresas del sector dejen de facturar alrededor de 27 millones de euros. En el caso de los centros educativos concertados, subvencionados y privados, la paralización de la actividad afecta fundamentalmente a los servicios no relacionados con la docencia (comedores, aula matinal, actividades extraescolares), que están siendo suspendidos. Los centros privados, además, afrontan también una clara pérdida de ingresos que puede dificultar el mantenimiento del empleo.
El impacto del COVID-19 en las empresas de alimentación es muy desigual, ya que depende del mercado en el que trabaje cada compañía. Las que están orientadas hacia el sector hostelero han paralizado por completo su actividad, mientras que las que trabajan con el sector de la distribución alimentaria sí mantienen la normalidad.
El sector TIC es quizá uno de los menos afectados de forma directa e incluso se está registrando un repunte de demanda en sectores como los de telecomunicaciones, soporte web o protección de datos. Sin embargo, la falta de actividad económica también ha afectado a las empresas tecnológicas por la caída de demanda nacional e internacional, las cancelaciones de eventos o la incertidumbre ante penalizaciones o resoluciones de contratos.