La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha alertado hoy de que los retrasos en la tramitación de proyectos y el exceso de burocracia de las administraciones públicas penalizan la actividad económica de la provincia, poniendo freno a nuevas iniciativas empresariales y provocando una fuga de inversiones que, de llevarse a cabo, podrían generar empleo y riqueza para Granada.
El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, indica que la situación que ha denunciado la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) es una muestra del elevado coste que tiene para la economía de Granada una administración ineficiente. “Necesitamos administraciones más eficientes en la tramitación de proyectos”, apunta Gerardo Cuerva, que pide a las instituciones públicas que no olviden que “detrás de cada licencia hay puestos de trabajo y actividad económica”.
La CGE abordó este asunto en su última Asamblea General, ya que la “parálisis” que provoca la pesada maquinaria burocrática de la administración va más allá del sector inmobiliario y no solo afecta a la capital. “Los plazos se dilatan de manera inasumible como consecuencia de una burocracia que frena la inversión y la creación de empleo”, apunta el presidente de la CGE, lamentando que precisamente ahora que la actividad económica empieza a remontar, las empresas se dan de bruces con el ‘muro’ de la administración.
Esta situación empeora por el exceso normativo que rodea la actividad empresarial, que ralentiza la puesta en marcha de proyectos y genera una inseguridad jurídica poco propicia para la inversión. “En la actualidad hay 160.000 leyes vigentes y solo entre 2017 y 2018 en Andalucía se han promulgado 38 proyectos de ley y 270 reglamentos y decretos”, señala Gerardo Cuerva, que asegura que esta frenética actividad normativa no facilita ni la puesta en marcha de nuevas empresas ni la ejecución de proyectos.
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