El Comité Ejecutivo de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) continúa su campaña de acercamiento a las empresas con la celebración de sus reuniones ordinarias en distintas compañías de la provincia, con el objetivo de conocer de primera mano la actividad diaria de esas empresas y poder escuchar los planteamientos y demandas de los empresarios. La última de estas reuniones celebradas fuera de la sede de la CGE tuvo lugar en el 683 Upper Club, ubicado en el centro comercial Serrallo, y próximamente se visitarán otras empresas de sectores claves para la provincia.
Los miembros de Comité Ejecutivo de la CGE abordaron en la reunión los distintos problemas a los que se enfrenta el tejido empresarial actualmente, entre los que destaca la falta de apoyo de las administraciones o la inseguridad jurídica. Precisamente a este último asunto dedicaron gran parte de la reunión, pues, en palabras del presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, “la inseguridad jurídica es uno de los principales riesgos para nuestras empresas y un lastre que frena la inversión en nuestro país”. El Comité Ejecutivo de la CGE trasladó la necesidad de eliminar esa “inseguridad jurídica que provocan las administraciones públicas”, y que a veces genera una situación de indefensión a los empresarios que deciden desarrollar un proyecto concreto.
Según explicó Cuerva, esa inseguridad jurídica está motivada, entre otras causas, “por los constantes cambios legislativos, el solapamiento normativo entre distintas administraciones, los cambios de criterios y distintas interpretaciones de las leyes, la excesiva burocracia… lo que unido a la lentitud de la justicia, hace que en multitud de ocasiones los empresarios y autónomos nos encontremos absolutamente indefensos”. “Hemos llegado a una situación límite en la que poner en marcha una actividad empresarial es una heroicidad, porque a las enormes dificultades actuales hay que añadir que son mucho mayores los riesgos que asumimos que los posibles beneficios”, lamentó el presidente de la CGE.
Cuerva advirtió de que los empresarios y autónomos “cada vez asumen más riesgos, y no sólo por perder la inversión realizada, sino porque arriesgan todo su patrimonio personal en proyectos empresariales cuyo resultado depende cada vez en mayor medida de la inseguridad jurídica que provocan las administraciones, en vez de las variables empresariales o del mercado”
Por eso, desde el Comité Ejecutivo de la CGE abordaron la necesidad de que esta situación cambie “para que las empresas puedan dedicarse a su principal función: generar empleo y riqueza en la sociedad y contribuir a la mejora de la economía”.
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